En una nueva política que endurece el sistema migratorio estadounidense, la administración Trump ha establecido que millones de inmigrantes indocumentados no podrán optar a audiencias para obtener libertad bajo fianza mientras sus casos son procesados. Esta medida afecta directamente a personas detenidas en centros donde, según reportes recientes, las condiciones son precarias y han ocurrido al menos 11 muertes en lo que va del año.
Organizaciones defensoras denuncian que esta política incrementa la vulnerabilidad de los detenidos, prolonga su tiempo en centros de detención y limita su acceso a una defensa justa. Además, se teme que esta política aumente la sobrepoblación en estos recintos y genere mayores tensiones sociales.
La administración alega que la medida busca acelerar los procesos y reducir la llegada de migrantes indocumentados.
