La nueva legislación del primer ministro canadiense Mark Carney busca impulsar la economía a través del desarrollo de infraestructura y minería en zonas estratégicas, como el Anillo de Fuego, una región rica en minerales en Ontario.
Sin embargo, representantes de las Primeras Naciones advierten que esta ley amenaza su derecho al consentimiento sobre proyectos en sus territorios ancestrales. Organizaciones indígenas exigen que se respeten sus procesos de consulta y se detengan los planes que ignoran su autonomía.
Aunque Carney ha reiterado su compromiso con la inclusión de líderes indígenas en las decisiones, las tensiones crecen. Grupos como la Asamblea de las Primeras Naciones ya han propuesto enmiendas para ser discutidas en las próximas reuniones.
La presión recae ahora sobre el gobierno para demostrar si su promesa de reconciliación será una realidad o solo una estrategia política.
