El Puerto de San Juan, principal entrada de suministros y combustible para Puerto Rico, está en el centro de una polémica judicial. Siete de los ocho pilotos marítimos activos acudieron al tribunal federal para frenar lo que consideran un grave retroceso en la seguridad de la navegación.

La controversia gira en torno a las operaciones de la empresa New Fortress Energy (NFE), dedicada al transporte de gas natural. Según los prácticos, la decisión de eliminar remolcadoras especializadas que escoltan las barcazas eleva el riesgo de accidentes con consecuencias desastrosas para la seguridad portuaria y el medio ambiente marino.

Los demandantes acusan a la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón de avalar esta flexibilización en los protocolos, pese a las advertencias de los expertos. “Estamos hablando del corazón logístico de la Isla. Un error aquí tendría un impacto inmediato en toda la población”, advirtieron.

El caso ya está en manos de la justicia federal, que deberá decidir entre las demandas de eficiencia operativa y el reclamo de máxima seguridad en el puerto más importante del país.