En un giro crucial para la seguridad energética de la isla, el gobierno de Puerto Rico ha cancelado oficialmente las negociaciones con la empresa New Fortress Energy, que buscaban cerrar un contrato de $20,000 millones para el suministro de gas natural licuado (LNG).
La decisión fue tomada tras varios incumplimientos contractuales, retrasos en entregas clave y preocupaciones crecientes sobre la posibilidad de un monopolio energético. La medida ocurre en un contexto de apagones frecuentes, generación inestable y una presión cada vez mayor para buscar alternativas sostenibles.
La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Junta de Supervisión Fiscal han iniciado un proceso de negociación urgente con nuevos suplidores, con el objetivo de asegurar el suministro energético durante la temporada de mayor consumo.
El caso ha provocado reacciones en sectores políticos y económicos dentro y fuera de la isla, mientras aumenta el debate nacional sobre el apoyo federal a Puerto Rico y la transición energética en los territorios estadounidenses.
